miércoles, 1 de diciembre de 2010

La Pax Cristinista

Esta moderación es necesaria porque:

 1. Hay que sostener el viento de cola político inaugurado con el período de inmunidad por viudez.

2. En la economía no hay crisis terminal sino inconsistencias de incidencia intermedia que solo se pueden encauzar vía negociación.

3. Los problemas laborales que se vienen los causan los límites de capacidad instalada, y desde otro punto de vista, la creciente fragmentación del mercado de trabajo y el modo subjetivo y diferenciado en que esto impacta sobre la vida cotidiana. Nada de esto se resuelve “en la calle”.

4. Cualquier despliegue cualitativo de los mecanismos de alcance de la asistencia social está completamente desrelacionado del campo de una conflictividad política saturada.

5. Con prescindencia del futuro electoral que subyaga del punto 1, e inclusive incluyéndolo como decisión final, darle centralidad política a los puntos 2, 3, 4 y a los que indirectamente se les relacionen, contribuye a la galvanización indudable de la candidatura peronista para las presidenciales, provinciales y comunales de 2011.

 

¿Cuánta gente votó a Cristina en el 2007 porque prometía un Pacto Social? Más allá de los hechos, esa promesa, y ese 46% reflejan una comunión entre votante y elegida por la cual se iba asimilando y amortizando en grados parejos, si analizamos esa compleja dinámica que el voto tiene aún en el momento aparentemente estático de su emisión. La sola mención de un Pacto Social implicaba el acuerdo tácito de que ya no estábamos en 2003, que se estaba ante nuevas realidades y nuevos problemas. Que el problema más acuciante promedio haya dejado de ser el desempleo para pasar a ser el empleo en negro y la precariedad salarial habla de un avance indudable, pero el riesgo peligroso en el que pueden caer quienes sufren de glaucoma político es perpetuarse en el dogma festivo del “estamos mejor que en el 2001 e invisibilizar cual es el cambio de agenda que la política va pidiendo, y entonces ver cuales son los mecanismos más idóneos para enfrentar esos nuevos problemas.

 

En un año electoral, ¿qué importa más? ¿la participación de 10 % en las ganancias para trabajadores de convenio fuerte o la convocatoria al Consejo del Salario para acomodar el mínimo vital y móvil que cobran los trabajadores ennegrecidos, los blanqueados sin convenio o de convenio débil? ¿Qué porcentaje ocupan uno y otros en el fragmentado mercado laboral argentino? Porque además de la meseta de empleo por el fin de la capacidad ociosa, las carencias laborales de 2011-15 van a transitar por la irritante brecha laboral: la aristocracia obrera va en avión, el resto va a gamba y por el sahara. Un error habitual ante esta realidad es echarle la culpa a la CGT y a la “burocracia sindical” por todo aquello que queda fuera de su protección, desconociendo que la organización sindical  peronista, al garantizar niveles de estabilidad laboral y social sólidos que afianzan la estabilidad política que el Estado necesita para actuar sobre los sectores populares más postergados, pierde alcance ante esos a quiénes el Estado todavía no puede incorporar. Esta deuda social no puede achacarse a la CGT, porque a lo largo del tiempo y frente a las deserciones del Estado y el sector empresario, la organización sindical tuvo que desplegar prácticas defensivistas. Digamos que allí residen también los problemas que el sindicalismo peronista tiene para viabilizar su inserción política: un tema que le comió el bocho al gordo Cooke, al flaco Carri, y que hoy hace que Moyano deba sumar a los movimientos sociales para fijar extensiones en el campo político. En la coyuntura 2011, la cuestión sindical va pasar más por lo sectorial que por lo político: en el marco de un Pacto Social que busca dormir la aceleración inflacionaria, los techos de la paritaria para la aristocracia obrera deberían ser el correlato moderado de las amplificaciones que el gobierno debiera motorizar en la parte media y baja de la pirámide salarial. Si lo que se busca es reducir la esmerilación del poder adquisitivo, el trípode jubilaciones, planes sociales y salario mínimo es una recomposición que está muy por delante de las expectativas de la aristocracia obrera. En todo caso, esas expectativas pueden cumplirse si se discuten con el gobierno y el empresariado pautas de inversión, productividad e impuestos, lo cual llevaría a la discusión de otros temas inherentes a las variables macro y al “modelo”.  Pero mientras no se entre en esa sintonía fina y se actúe “con lo puesto”, el gobierno tiene la prioridad de los atrasados en el sendero salarial y los que ni siquiera están en él, y no mucho más. Salvo, claro, que no se quiera ganar la elección de 2011.

 

La inflación no necesita, para ser discutida, hacerse desde bibliotecas económicas heterodoxas en contra de las ortodoxas, o viceversa. En economía no hay dogmas que seguir hasta las últimas consecuencias; la inflación no es buena o mala según la teoría económica que más nos guste. La cosa parece simple: los límites de tolerancia popular ante los fenómenos económicos que liman el poder adquisitivo se suelen percibir con claridad cuando estos llegan. Si derivan de un ajuste salarial o del aumento inflacionario, esto poco importa si la percepción social traduce un “no va más” con respecto al tema. Hoy no existe esta percepción frente a la aceleración inflacionaria (bastante notable en alimentos y bebidas); es decir que de no empinarse la aceleración durante 2011, no se votaría según inflación, como equivocadamente sí piensa la oposición. Dicho esto: que no se vote según inflación no quiere decir que no se trate de un problema concreto y serio a resolver. Se dice: el “modelo” es inflacionario. Precisamente porque sabemos que es así, la resignación a la inflación no es admisible. Si se considera que la inflación es el mal menor frente a las cosas positivas del “modelo”, también habría que tener la responsabilidad política de pensar qué decisiones económicas hay que tomar cuando la inflación se comienza a acelerar al punto de licuar porciones no contingentes del poder adquisitivo, pensar qué pasa socialmente cuando la liquidez de billetes no permite el ahorro y solo exacerba el consumo. Porque ya no estamos en el 2003 llenando capacidad instalada y monetaria desinflada. Sin embargo, el debate político de la inflación está desajustado: se suele confundir inflación con pobreza estructural, cuando en realidad las medidas para enfrentar una y otra son completamente diferentes. Por el lado de los economistas hay mucho marketing de humo: los ortodoxos alertan sobre una espiralización inflacionaria por expectativas que concretamente no podría producirse mientras el BCRA tenga la cantidad de reservas que tiene; y por el lado de los laxos de la heterodoxia se le baja el precio a la inflación como problema de progresiva incidencia macroeconómica. Tácitamente, los heterodoxos plantean un “que ajusten los malos cuando ya no estemos” y esto explicaría por qué nunca comandaron un equipo económico presidencial. El kirchnerismo tuvo tres ministros: Lavagna, Lousteau y Kirchner+Redrado. Las conclusiones son obvias.

 

Desde hace un año, hay en el terreno económico (ahora sí) viento de cola. Si el núcleo duro del crecimiento del PBI está en la soja y en la exportación automotriz a Brasil, la cuestión de la inversión y el crédito surge a la vista como una cuestión central del turno 2011-15. Sobre todo si es que interesa generar empleo y blanqueo por sobre las previsiones que están por arriba de recuperar el terreno perdido en 2009 por la crisis internacional. La realidad es que una variable más para bajar la inflación se relaciona con el fomento de la competitividad hacia el interior de cada actividad industrial, para que no sea la empresa líder del sector la que imponga las condiciones de producción; pero para lograr esto, más que una lucha contra las corporaciones, lo que se necesita es la decisión política de generar pisos de competitividad para pymes y otras empresas que son las primeras en sufrir el ahogo cuando hay atraso cambiario, para no referirnos al impacto directo sobre el empleo. Es interesante señalar que si la industria automotriz hace punta, es porque es la actividad industrial que registra mayor capacidad instalada modernizada durante los noventa y esto le permite absorber la demanda generada. No sucede lo mismo en el resto de la industria, donde la expansión no es equilibrada. Un Pacto Social puede servir para discutir estos temas, y que las decisiones sobre inversión, incentivo y empleo se realicen desde la autonomía política, y no desde la unilateralidad empresaria.

 

No interesa el tenor real del off the record “desde ahora, al que corta una ruta lo mato”. Ni siquiera interesa la taxatividad de la frase, ni siquiera si realmente fue dicha. Sí interesa aprender el teorema: cuando el peronismo está en el poder, no se debe generar un conflicto social que no pueda ser encauzado. La ampliación de la asistencia social junto con las pautas que se puedan alcanzar en un pacto social, significaría que el gobierno no va a generar las condiciones para una espiralización de la conflictividad social. Esta Cristina weberiana debería ser leída: desde ahora, todo se tramita por cauce. Corresponde acá hacer una lectura que ajuste cual es la importancia de la idea “no represión de la protesta social” para los Kirchner. Un rasgo político central, sin duda, y que continua salvaguardado. Pero también habría que decir: ningún gobierno peronista puede caer en desgracia (o caer) porque existen actos de represión y de muertes que no le son claramente imputables. La Alianza (el progresismo partidario que gobernó la nación) hizo una sacralización insana de la no corrupción, y se amortizó políticamente en la primera de cambio por la Banelco. Si el Estado no debe matar, también es cierto que un gobierno debe custodiar  su poder frente al complejo problema de la represión: el retroceso político frente al hecho represivo (la renuncia, la intervención) no resuelve el problema del accionar de las fuerzas de seguridad. En lo que refiere a la represión en Formosa y a la inviabilidad de una intervención federal, todo ha sido dicho en esta escritura memorable del gran Abel Fernández. Yo agregaría que los que aprovechan estos hechos fatales para pasar el lampazo y hacer cirugía mayor “contra el peronismo cavernario que debe morir”, se dediquen también, y con seriedad, a ofrecer los reemplazos correspondientes y a tomar en cuenta, a la hora de reflexionar, la perspectiva de las mayorías populares de esos territorios. Quiénes lo hagan verán que la intervención federal no sirve y que la opaca relación entre las fuerzas de seguridad y el poder político no es una tara congénita sólo atribuible al peronismo, y al feudal en particular. No va a ser la primera vez que, desde una política de las buenas intenciones se terminen tomando medidas mucho más lesivas para la gente que se dice beneficiar.

Ah, recomiendo la lectura del gran Manifiesto Meler para la joven militancia kirchnerista.