lunes, 19 de diciembre de 2011

Qué verde era mi valle

Lo que la ralentización del dólar macroeconómico no va a cambiar es la propiedad inflamable de la reacción social bonaerense ante ciertos hechos (que en un silencioso corredor subterráneo se acumulan como un pasivo político) que pincelan el mapa de la inseguridad pública en ese territorio provincial que cada dos años, instituye o revoca las bases mínimas de una hegemonía nacional. Ahí (y no en otros lugares que suelen adjudicarse la politicidad consciente de sus acciones), en ese conglomerado electoral que un tipo como Marcelo Sain no se cansa de considerar como lombrosianamente conservador, aparece el conflicto concreto de la demanda por el servicio de seguridad pública, que, una vez roto el vallado estatal realpolitiker (aka intendentes), se empieza a comer a la política. Lo cierto es que Daniel Scioli inaugura su última gobernación con un acuartelamiento policial que se origina en un error político grave, porque hay un momento que Scioli no maneja bien: el de la política propiamente dicha, por encima y por el costado de todo aquel sentido común de la gestión gubernamental que Scioli puede surfear mejor porque ahí los errores son más fácilmente disimulables. Pero el error no forzado de Scioli no es un problema que surja de la relación administrativa entre el poder ejecutivo y la policía, del “deber ser” sainiano de esa relación, sino de la política como esa percepción intuitiva del que “va leyendo” todo el tiempo para tomar las decisiones políticas. Leer la calle para tomar las decisiones políticas. Las decisiones políticas (la intuición) son el antídoto contra el amateurismo. Al otro día del acuartelamiento policial, si vos ibas a un Bapro o pasabas por la puerta de alguna casa de cambio del conurbano (donde los que siguen haciendo cola al rayito del sol para comprar dólares no son, precisamente, de clase media, no, no, son los padres de los wachis), ibas a escuchar a los guardias policiales charlando del acuartelamiento. Y eso es un problema. Para Scioli. Para la conducción estable del estado provincial. Es un problema para los que gobiernan, para los que tienen que desarrollar alguna clase de coordinación con las fuerzas policiales; para que el estado funcione todos los días.

La posición del estado nacional frente a la seguridad pública debe ser colocada en el lugar que objetivamente le corresponde: en el de un estado que no tiene jurisdicción sobre la política de seguridad de las provincias sino a través de la colaboración secundaria de las fuerzas nacionales de seguridad (federal, gendarmería y prefectura) y que por lo tanto tiene un alcance más declarativo que operativo sobre la acción territorial concreta (que es lo que aparece en el radio de visibilidad cotidiana del trabajador que reclama más seguridad). Es interesante ver como Scioli incurre en el error a causa de una lectura política distorsionada: Daniel piensa que está obligado a sobregirar lealtades allí donde nadie se las está reclamando, ni se las reclamará nunca. Que sé yo, después de jugar un fulbito con los pibes de Villa La Ñata Fútbol Club, ¿va Scioli y se encierra a mirarse todo El Padrino? Porque hay un estado gaseoso de la política (que no es lo sólido y lo líquido de los votos y la gestión) que requiere una autorreflexión sobre el poder: no para escribir un libro sobre eso. Tan sólo para gobernar un poco mejor.

Como dijimos varias veces, el problema de la inseguridad y la institución policial en la provincia de buenos aires no tiene nada que ver con los discursos ideológicos antagónicos que existen en la materia. La discusión ideológica es la del 6% de los votos, aun cuando sea planteada adentro del peronismo, y es antipolítica en cuanto a la función de conducir el estado. Scioli patina sobre una superficie hibridada que mixtura los clásicos bolsones de financiamiento parainstitucional con una reforma Arslanian efectivizada en más de un 60% y que (como reconocen los “especialistas” en seguridad del progresismo realpolitiker) está estructuralmente vigente en el sistema de seguridad pública de la provincia. Esto lo reafirma el informe Vanderbilt, que destaca la existencia de niveles aceptables de intervención y actuación civil en el sistema policial bonaerense, lo cual no hace más confirmar la necesidad de revisar conceptos como “autogobierno policial” que están más cerca del consignismo y del 6% de los votos que de aportar las soluciones al complejo problema policial. Menos posgrados sobre “seguridad latinoamericana”, y más realismo barrial-policial.

Lo que viene a obstruir un debate un poco más honesto sobre la inseguridad, y que pueda estar más conectado con las palimpsesticas demandas concretas que la gente policlasista le hace al gobernador y a los intendentes es una idea distorsiva (que el kirchnerismo tampoco debería comprar): considerar, equivocadamente, que la problemática policial y de seguridad es una continuidad de lo que fue la problemática del partido militar en otro tiempo argentino. A diferencia de las fuerzas armadas (que con el consenso menemista quedan esterilizadas en la vida política y civil del país), las fuerzas policiales son parte constitutiva del orden democrático, y detrás de esa idea hay un consenso popular al que las autoridades políticas deben responder en la continuidad de la gobernanza (que nunca cesa para el partido del orden); por eso la política de “fojas cero” es inviable para el saneamiento policial: no sólo porque la represividad está ínsita en la función estatal, sino porque puede reflejar una huida muy poco weberiana de las funciones políticas que inocule el malestar policial (el malestar del poli que se tiene que comprar el chaleco antibalas con su salario); si el problema queda reducido al drama de la represividad de la fuerza policial y se distancia de la idea de servicio de seguridad pública que, con sus claroscuros, se alberga crecientemente en todos los sectores sociales demandantes de nuestra provincia, nos hundimos en el terreno del verso, las mandolinas y las solicitadas.

Scioli tiene que encarrilar una política de seguridad que incluya una propuesta política clara hacia la policía. Hay muchos intendentes (que ya no son barones, que clavan %s más altos que los de Daniel) que vienen desarrollando cierto tipo de relación con las conducciones policiales departamentales que merece estudiarse, porque son la realidad efectiva de cómo se trata de encarar un trabajo policial eficaz y que esté en sintonía fina con los reclamos de los vecinos. Esto está pasando ahora, en muchos distritos: ninguno de esos intendentes tiene una visión ideológica de la seguridad, pero sí tienen una clara visión política de lo que hay que hacer. ¿Habrá visto Scioli El Padrino?