domingo, 21 de julio de 2013

Contra la jauría humana

Los tribunales de familia son la esperanza de los pobres. La guitita de un depósito judicial que deriva de un alimentos, una guarda, o el que espera la sentencia de divorcio para gastar algún canuto en pesos en el nuevo rodado que lo haga subir un peldaño en la ascensión motomelista. La medida preliminar que hace que la cana lo pueda sacar al tipo de la casa para que la mina y la hija puedan volver a ocho días de la cagada a palo y la posterior amenaza de suicidio, la secuencia habitual del melodrama periférico (“nunca agarrés una violencia, es un quilombo y no te pagan, todo pérdida”), los que van a tramitar erradamente la AUH, la abuela política que necesita que salga la tutela porque el pibe juega al fútbol en inferiores y lo tiene que autorizar a viajar al interior en la perspectiva soñada de la salvación. Los tribunales de familia son (también) el primer mostrador del Estado.

Los tres niveles de la Administración tienen concepciones y acercamientos diferentes sobre la “democratización y acceso a la justicia”, un tema que se puso de moda en los últimos meses menos por satisfacer urgencias operativas que por las derivaciones de una agenda nacional que superponía los coletazos judiciales del litigio con Clarín con la necesidad de sostener poder a través de un formato electoral que unificara al país como distrito. De ahí salió una reforma judicial más englobada en la idea de corporación que en la facilitación del acceso a los estrados del juzgado.

Carecer de jurisdicción no obstaba al PEN a desarrollar políticas para mejorar el acceso a la justicia por la vía de convenios con la provincia y los municipios. Puntualmente y desde 2009 el gobierno nacional vino instalando los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en el territorio nacional (van 50) con la misma modalidad unilateral y compartimentada de los CIC que lanzó Desarrollo Social. Los CAJ brindan asesoramiento jurídico gratuito, pero básicamente son un centro de tramitación de las políticas públicas nacionales (AUH, SUBE, DNI, TV digital) que no están pensados para tener una vinculación operativa con el servicio de justicia y el acceso a los tribunales. La política de los CAJ no está articulada con la justicia bonaerense, ni se inserta en la política de descentralización judicial que lenta y contradictoriamente viene intentando la PBA desde hace una década. A base de convenios y financiamiento, el gobierno nacional podría haber colaborado con un plan acelerado de descentralización judicial (así como planificación federal avanzó junto a intendentes en la obra pública) que facilitara el acceso a la justicia en los fueros conflictivos (familia-menores-responsabilidad juvenil-penal) que están en la primera línea de demandas de los sectores más pobres del GBA.

En 2004 la gobernación Solá arrancó con la descentralización de unidades de gestión penal (fiscalías y defensorías) para simplificar y acelerar el proceso y facilitar el acceso a la denuncia a sectores sociales que representan el 90% del patrocinio oficial en el sistema judicial bonaerense. Además, el emplazamiento de fiscalías en los municipios permitió censar los casos y armar un mapa del delito que pudiese servir como dato duro para innovar en las políticas de seguridad pública. Existe un consenso entre los intendentes: la descentralización puso al fiscal a tiro del reclamo, gana en la disputa de confianza social frente a la policía (denuncia), y participa de la responsabilidad política que transmite el intendente. Los resultados positivos hicieron que Scioli continuara la distribución territorial de unidades de instrucción. Sin embargo, el ritmo se hizo más lento y fue ahí cuando algunos intendentes, frente a la demanda social, se pusieron al hombro los convenios ya firmados con la Procuración General provincial y empezaron a participar del financiamiento y a brindar el espacio físico para reacelerar lo que desde la Provincia se ralentaba. Los intendentes ya tenían experiencia en el tema: el reclamo por inseguridad los había involucrado en la compra de patrulleros, pago de combustible, horas extras y servicios adicionales como complemento de las obligaciones que dejaba de afrontar la gobernación. Era la alborada del bonustrackeo. Sucede que, en el mejor de los casos, los vecinos tienen al gobernador a 40 kilómetros, y al intendente a 40 cuadras.

En 2006, Felipe Solá sacó la ley 13634 que dictaba la reforma y descentralización de la justicia de familia y el fuero de responsabilidad juvenil, buscando los mismos objetivos que se alcanzaron con la justicia penal de instrucción. La ley fijaba una etapa de descentralización a cumplirse en un año desde fines del 2007, pero Scioli suspendió los plazos y no avanzó en la creación de los nuevos juzgados unipersonales de familia descentralizados. Scioli tampoco impulsó una segunda etapa de descentralización de las unidades de gestión penal que surgía como lógica, y que hoy está en el programa político de la liga de intendentes que comanda Massa: la creación de Juzgados de Garantías en los municipios (para acelerar la sustanciación del proceso y la investigación de delitos) y de fiscalías especializadas (violencia de genero y familiar, drogas).

Este cuadro de situación deficitario (que no sintoniza con el reclamo de amplias franjas del electorado bonaerense, ni con el tramo discursivo en que los políticos declaman querer democratizar el acceso a la justicia) es el que parece querer traducir en propuesta política el FR en la legislatura bonaerense.

La liga de intendentes revisita y actualiza el “gobernar es poblar” al cambio que surge de la desmesura demográfica de sus territorios. De alguna manera, la gestión produce política. Y dicen: el funcionamiento de las instituciones estatales está pensado para una ciudad (con)urbana que no existe más. Los intendentes piden que se pase del formato de cabeceras judiciales departamentales (pensado cuando los municipios eran menos poblados que las provincias) que hoy paraliza y hacina al servicio de justicia penal y de familia, a la conformación de polos judiciales por municipio que centralicen en el distrito la competencia territorial, la sustanciación completa y acelerada del proceso, permitan acercar el servicio de justicia al barrio, y le faciliten al intendente controlar la función policial.

La reforma judicial proyectada por el PEN que se mancó en el control de constitucionalidad no preveía programas de financiamiento con municipios para un avance integral en la descentralización de los órganos judiciales provinciales; hace unas semanas Cristina pareció ambiguamente pronunciarse a favor de esta política (aunque hasta ahora sin consecuencias prácticas) justamente mientras inauguraba un centro de monitoreo de seguridad en el GBA sur hecho a imagen y semejanza del COT que Massa implementó hace algunos años en su distrito, y que todos los intendentes vienen tomando como política de seguridad para sus propios municipios. Lo cierto es que ni los CAJ ni la reforma frustrada tienen que ver con un mejor acceso a la justicia allí donde ésta produce una situación conflictiva y de desprotección frente a la sociedad. Y Scioli tampoco parece tener una política clara y vigorosa que amplíe el proceso de descentralización: en este rubro el gobernador también prefiere flotar y ver qué pasa.

La liga de intendentes piensa la política judicial desde el lugar de los hechos. Para la clase de políticos que está fuera del mercado de la gobernabilidad y que por lo tanto no está obligada a fidelizar con el electorado, estas propuestas empiristas podrían ser el síntoma de otro paso en la decadencia del sistema político. No es así, pero en cualquier caso esa no es una discusión que le interese mucho a la sociedad ni a los gobernantes consustanciados con la producción de representaciones. Y está claro que frente al funcionamiento de la justicia hay miradas políticas diferentes entre Cristina, Scioli y Massa.

La nación privilegió una mirada abstracta de la justicia como “corporación” y ni ese abordaje ni la creación de los CAJ tuvieron resultados prácticos sobre la situación del acceso a la justicia. La provincia frenó la descentralización. Y los intendentes consideran que la lógica de una reforma empieza por el acercamiento operativo a los sectores que tienen más complicado el acceso regular a la denuncia, ya sea por razones materiales, económicas o por desconfianza hacia la institución policial. De alguna manera, la gestión produce política.

domingo, 7 de julio de 2013

FPV vs. FR

El consenso unió a las minorías intensas: quieren que Massa hable. Quizás porque se vean urgidas a abastecer a ese ¿15%? del electorado nacional que justifica la existencia del periodismo político y sus derivados gráficos y digitales. Porcentaje calificado que disminuye dramáticamente en el electorado bonaerense. Y parece ser que Massa disfruta de ese síntoma ajeno, el otro día anduvo por San Miguel y gastó a los periodistas políticos “que se disgustan” porque no arma actos de campaña.

Mientras Cristina intenta nacionalizar la elección, Massa la provincializa, la municipaliza, la minimaliza, la lleva a la esquina árida del Estado donde el discurso cede al cuerpo a cuerpo de la gestión y su prosa de la ética de la responsabilidad ampliada. Pero puede haber una percepción errada, ¿Massa habla o no habla?

Digamos que desempolva una vieja tradición peronista: habla por otros. Quizás los que creen que la política empezó el 25 de mayo de 2003 no estén habituados a esta práctica: hablar a través de otros para poder decir uno mismo lo imprescindible en cada tiempo político. Porque quizá como pocas veces durante la década kirchnerista, sea esta etapa cristinista la que mejor exprese el malgasto de la palabra política, una barroquización berreta del discurso que inclusive impacta negativamente en parte de esa audiencia del 15% tan apegada a la anormalidad del consumo político.

La administración dosificada del discurso es insoportable para los que viven del business del país dividido. Llamativamente algunos candidatos del FPV compraron esos argumentos minoritarios para afrontar la disputa electoral con Massa, ahondando una presunción que ya se empezaba a evaluar dentro del peronismo bonaerense: que el problema político del kirchnerismo comenzaba a residir en lugares más concretos que el de la batalla cultural. El pase de Giustozzi al FR (el tipo más votado de la Tercera) no puede leerse de otro modo.

La disputa FPV-FR expresa la clausura de una gran esperanza militante que la Renovación fomentó a través de mecanismos operativos: la posibilidad de que el PJ defina sus candidaturas en internas. Las PASO (como se desplegó en la práctica la relación partidos-candidatos-electorado) terminan por desalentar la competencia interna, pese a que se dijo concebirlas con el fin opuesto.

Pero además la conformación de las listas del FPV y FR son la marca de agua de situaciones políticas que exceden la coyuntura electoral: ante la lista territorial del FR, Cristina se vio obligada a adoptar un perfil “reductor de daños” de las candidaturas para equilibrar el piso de electorabilidad desde el cual se parte hacia la elección. Pero ese avance relativo de la territorialidad en las listas del FPV transita una tensión sorda: la que existe entre la idiosincrasia política de los intendentes y la de la conducción nacional. La decisión de la liga de intendentes del FR es construir poder y política desde la propia singularidad que representan, e irradiarlo a todo el peronismo realmente existente; puede salir bien o mal, pero lo que deja a la vista la disputa electoral bonaerense es que cualquier construcción de poder territorial solo puede crecer por fuera de esa tensión para lograr expresar además de un proyecto de poder, una visión de la política y la gestión que tiene pretensiones de nacionalizarse.

Aquella tensión se ve cuando los candidatos del FPV apelan a la debilidad discursiva de “leales y traidores” para leer la coyuntura electoral. Por lo tanto, es posible que un triunfo del FPV en la PBA haga fluctuar en favor de la conducción nacional el peso ganado por los territoriales en las listas (Cristina no pasa por el tamiz electoral y tendrá más margen para capitalizar un triunfo, y podrá volver a sellar las listas en el 2015 porque cualquiera sea el escenario con el que se llegue, esa táctica es la que más le conviene). Ese riesgo de fluctuación corrosiva es el que hace que algunos intendentes del FPV sean testimoniales de la boleta distrital para defenderse de la tensión. Sin embargo, la postulación de Massa como dato superficial del armado de la liga de intendentes (cuyo germen es el grupo de los ocho que fomentó NK para armar un kirchnerismo crítico que oxigenara y mantuviera unido al peronismo bonaerense) contribuye a sostener la tensión en el efepeveísmo y deja el proceso abierto con rumbo al 2015.

La estrategia electoral de Massa (que tanto mortifica a las minorías intensas de todo pelaje) parece trabajar en tres tiempos: uno posado en las PASO, otro en octubre y un tercero que prescinde de la situación electoral para poner el ojo en el trayecto a 2015 (porque la liga de intendentes, mientras tanto, tiene que gobernar). Esta pluralidad de intereses es lo que diferencia al FR de una candidatura opositora clásica como las de FDN y MS sin anclaje territorial y gubernamental. Pero Massa también causa dificultades en el FPV al abrir la brecha de tensión que antes describimos.

Para Massa, la coyuntura electoral tiene una motivación instrumental: necesita “pasar” por los votos para sentarse a la mesa de los que discuten la sucesión peronista en 2015. Una cuestión que a varios gobernadores les resolvió la lógica del sistema electoral en 2011, pero que un intendente, por más poder de fuego distrital que tenga debe refrendar en el turno electoral en el que la provincia se conforma como distrito único a tales fines. En cualquier caso, Massa saldrá de la elección con un volumen de votos propios bonaerenses que le permitirán tener: 1) capacidad de veto y 2) capacidad de imposición, en la UFC sucesoria. Del lado del FPV el prorrateo de costos-beneficios parece más difuso: es muy difícil que Insaurralde (y por lo tanto, el bloque de intendentes) pueda acaparar los votos bonaerenses como propios, a causa de la tensión sorda que marca la dinámica interna del kirchnerismo.

La conformación política del FR también está pensada en “tiempos”: Massa parece conocer profundamente al peronismo y su 30-35% consolidado bonaerense. Como dice muy bien el patriarca Manuel Barge, la base expansiva de Massa (hoy) está en el diferencial FPV que va desde el 32% que sacó NK en 2009 hasta el 56% que obtuvo CFK en 2011. Massa trabaja desde esa base para abrir el abanico, y la formación político-electoral que hay que presentar para esta etapa es una transversalidad con eje peronista que fidelice eficazmente con el electorado. Tanto en 1985 como en 2005 las formaciones peronistas (FREJUDEPA y FPV) que desafiaron al PJPBA para litigar en la interna general instrumentaron el formato peronismo blanco + transversalidad para operar el traspaso del “aparato” justicialista; el problema llegó cuando tanto el cafierismo como el kirchnerismo pensaron que el elemento transversal además de eficacia electoral, tenía eficacia gubernativa. Ganar elecciones es una cosa, gobernar otra muy distinta.

En el caso de Massa, el anclaje territorial del FR (intendentes preexistentes a la herramienta electoral) es un rasgo distintivo que no existió en la experiencia efepeveista (un avatar fundado por un gobernador de provincia feudal cuando llegó a la instancia nacional del poder, una construcción política de arriba hacia abajo) y que puede reestructurar las relaciones políticas dentro del peronismo, o por lo menos hacerlas embrionariamente novedosas.

En este aspecto la neotransversalidad que desarrolla Massa no descansa en política ideológica (y sabemos que esto es un drama para los minoristas intensos y para los kirchneristas lúcidos porteños que tienen en tan buena estima a las “definiciones”) sino en política gubernamental: se forja en la asociación de intendentes, y lo que esté por arriba de eso es la espuma. Sobre esa base, Massa ha transformado y subordinado al PRO bonaerense en una línea interna de su dispositivo electoral transversal, lo mismo hizo con un sector de la UCR, y por que no decirlo, del FPV.

Quizás donde mejor se refleje esa neotransversalidad espumante del FR sea en la conformación del nuevo bloque massista en el Senado bonaerense: 2 vienen de la UCR, 4 de Unión-PRO, y 5 del FPV.