domingo, 30 de marzo de 2014

Back in the USA


El fin de una etapa distribucionista basada en el consumo y el precio de las exportaciones de materias primas como motores exclusivos de la economía latinoamericana está obligando a los países de la región a proyectar cambios de estrategia en la trama continental que se relacionan también con coyunturas internas que no tienen la holgura distributiva que caracterizó a la última década.

Durante los ´90 la apertura indiscriminada de la economía de la región achicó el mercado interno y el empleo. En los 2000 se viró a un anclaje regional eminentemente político que no alcanzó para avanzar en una integración económica concreta y más sofisticada, que implicaba ciertos sacrificios concurrentes de los países integrantes.

Ahora que la inercia distribucionista de la región amaina su marcha, cada país se vuelve hacia estrategias más tradicionales y asumen el pragmatismo de las bilaterales. La economía lleva un poco de paseo a la política.

Los liderazgos políticos que aparecen en la región no pueden abstraerse de estos cambios, so pena de que otro “arregle” antes que ellos.

En ese contexto pueden ser leídas las declaraciones de Massa en EEUU:

1) Planteó galvanizar la bilateral de Argentina con ese país y los del bloque europeo.

Eso mismo ya hace Brasil, por lo menos mientras dure la paralización del Mercosur, para mejorar la calidad de exportaciones con esos bloques (de mayor contenido industrial que las que se hacen a Asia) y así sostener mercado interno y empleo.

2) Dijo que Argentina debe ser, desde el Mercosur, el puente hacia la Alianza del Pacifico.

Esta intención es audaz porque insinúa colocar a Argentina en una posición más activa frente a Brasil, teniendo en cuenta la interdependencia medular entre ambos países en materia económica, y la táctica brasileña de “privilegiar” (por el momento) a EEUU, el BRIC y la UE en el plano comercial.

En ese sentido, Bachelet afirmó que para Chile la Celac es el ámbito de integración política y la AP el de integración económica. Paraguay y Uruguay se constituyeron en miembros observadores de la AP a pesar de ser miembros plenos de Mercosur. Como se ve, y más allá de lo que declaren políticamente, los países de la región empiezan a poner los huevos en varias canastas.

Un “puente” a la AP podría significar la exploración de ventajas comparativas dentro de la región que hagan mas autosuficiente el comercio y la inversión en algunos rubros sin acudir a otros bloques continentales, y podría ser un revulsivo para el Mercosur. 

También pone en discusión los límites y las posibilidades de una integración económica que el bloque sudamericano no pudo constituir debidamente en esta década: Argentina y Brasil no han podido avanzar en el uso de monedas locales para el comercio bilateral y los fondos monetarios latinoamericanos (FLAR y Banco del Sur) quedaron en la nada por la negativa de Argentina y Brasil (que se autosustenta con el BNDES, y optó comercialmente por EEUU y la UE, debilitando la negociación del Mercosur). 

Aun cuando de una “gira de instalación” por EEUU (similares a las que hacía Cristina en 2007 para pregonar la etapa “institucional” del kirchnerismo, aquel mítico caniche style luego tan avalado en las urnas) no se puedan extraer definiciones ideológicas y políticas relevantes (porque no está en el ánimo de sus protagonistas darlas), la intervención de Massa en los medios yanquis dejó algunas conclusiones interesantes.

En la CNN, Massa mencionó lo positivo de la década en distribución del ingreso, derechos humanos, colaboración científico-tecnológica y materia nuclear. También dijo que Argentina tiene una institucionalidad política fuerte, y se diferenció así del resto de la oposición, que suele condenar al sistema de partidos.

En otra entrevista televisiva al diario El País, Massa criticó duramente a los políticos argentinos que viajan al exterior a hablar mal del país en vez de proponer soluciones, y cuando se le preguntó sobre el paralelismo Crimea-Malvinas, contestó que en ese punto apoyaba la posición del gobierno argentino.

En el juego (relativo) de las “rupturas y continuidades”, Massa introdujo en EEUU ciertas dosis “continuistas” en dialecto propio; el kirchnerismo plantea ese juego en su dialecto y con las normas de un consenso que ya está amortizado. En la zona de la representación a crear, parecen dos idiomas diferentes.

domingo, 23 de marzo de 2014

Intransigencia y movilización



Es posible pensar que desde aquel momento en que el PEN avanzó en una corrección clásica (disminución indiscriminada del salario real) del problema macroeconómico, las expectativas de representación se tornen más modestas de cara al 2015 para quienes pretenden encarnar una “continuidad nominal” partidaria en relación exclusiva a lo que supo representar la década kirchnerista. Desde el oficialismo se construye esa representación modesta como autosuficiente. No hay un horizonte distributivo que facilite la evocación de viejas y mejores épocas como palmarés a ser voceado electoralmente como garantía continuista, pero el efepeveísmo no tiene muchas alternativas: tiene que vender la “reducción de daños” como proyecto de futuro.

La liga de gobernadores del PJ es la que busca darle cuerpo teórico a este complejo pasamanos político y mostrarlo como autosuficiente; son mecanismos defensivos lógicos desde los cuales se pretende “transmitir expectativas” al subsistema peronista y al resto de los partidos políticos. Se trata por ahora (y por bastante tiempo) de un “juego de cúpulas” que no está encajado en ninguna situación electoral concreta; habrá que ver, finalmente, si las expectativas que busca instalar el grupo de gobernadores subestiman o no las que ostente el electorado en el momento oportuno.

El riesgo de las expectativas también corre para Massa, pero con algunas diferencias. El intendente-diputado viene con la inercia electoral de 2013: esto implica que no viene con una expectativa debilitada por una deuda continuista a la que tributar; para el electorado que lo votó y para muchos de los que no lo votaron, esta es una diferencia que ya quedó clara, y es posible que juegue un papel cuando las propias expectativas del electorado se empiecen construir.

Hay que tener claro una cosa: la amortización positiva del consenso kirchnerista es un sentido común que no necesariamente se expresa en una “continuidad nominal” partidaria, si la amortización negativa que deja ese consenso también es significativa. Quién fermenta expectativas cruzado por estos sentimientos no piensa (por ejemplo) en lo “neoliberal o no” que puedan ser los candidatos, ni en qué grado de barbarie “retorna” para “degradar la política” si entendemos que en la década que se va fue virtuosa su práctica. Lo que más asusta hoy a la clase política es cómo se va a terminar garpando electoralmente el consenso de continuidades y rupturas que deja el kirchnerismo y qué va a terminar pesando más en la balanza. El gobierno tuvo dos años y todas las herramientas para anticiparse a la sensación de “golpe de mercado”, y este es un dato político concreto que no deja bien parado al bienio cristinista en el rubro “expertise del partido del orden”.

La devaluación funcionó como el atajo macro para generar expectativas en la sutura de reservas, oxigenar la balanza comercial (encareciendo importaciones, y no tanto fogoneando exportaciones) y de paso licuar déficit fiscal (que no es lo mismo que bajarlo), pero antes de todo eso, bajó el costo generalizado de la mano de obra en  toda la trama productiva del mercado interno.

Conviene recordar que el último gobierno argentino que hizo un trabajo fino y planificado sobre las cadenas de valor y la estructura de costos de cada actividad productiva por separado, con muchos “fierros weberianos” y mucho Estado técnico por área productiva para evitar el cíclico atajo devaluacionista fue el de Perón-Gelbard de 73-74. A tal punto el gobierno de Cristina hizo algo del todo contrario a sus posibilidades, que muchos analistas filokirchneristas trataron de explicar positivamente que esta devaluación se hizo mejor que la de Krieger Vasena en 1967 (considerada por muchos como la devaluación mejor ejecutada de la historia argentina). Quizás se trate en este caso, también, de las expectativas modestas que quiere instalar el oficialismo de cara al 2015.

Sin viento de cola distribucionista para adelante (más bien evitar que suba el desempleo), la zona árida de la “agenda del desarrollo” que se promete no tiene derechos adquiridos. Nada hace prever que Urribarri, Scioli o Randazzo tengan mejores credenciales que Massa para continuar algo que es distinto.

Mas allá de las fotos y las encuestas, parece más pertinente hacer una lectura de la relación que cada formación política puede entablar con el electorado.

El Frente Renovador todavía se apropia de la inercia electoral, pero la movida contra el nuevo código penal, después de la espuma mediática, le sirvió para dar un segundo paso más político con la recolección de firmas en el territorio donde el despliegue del aparato militante tiene una función central.

Así Massa trabaja sobre sectores medios y medios-bajos que los partidos no peronistas sólo cortejan en la instancia electoral; esto le permite conservar los votos de 2013 y en la misma movida territorial (que en la práctica no se limita a que la gente “firme” un petitorio) fomentar el desplazamiento del voto no peronista a terreno panperonista (que se evidenció como dato crucial en la PBA 2013) y consolidar el voto “kirchnerista” (voto PJPBA clásico) de 2011 que fue al FR y que ahora es núcleo duro massista (doctrina Meler).

Esta segunda etapa del despliegue territorial del FR en el 2014 tiene dos cauces: profundizar el formato liga de intendentes y acaparar las estructuras peronistas móviles provinciales que tarde o temprano varios gobernadores van a necesitar para la desdoblada provincial, y más que nada (y ahí surge el problema efepeveísta) para el engorde de octubre 2015. Por eso Massa no se saca fotos con gobernadores, y a Scioli no le queda otra que sacárselas.

El pica-pica de la PBA (provincia que va a traccionar casi en soledad en octubre 2015) entrega en ese sentido una lectura interesante hacia el electorado. Si los teoremas de Artemio López y  Juan Amondarain buscan definir comportamientos nacionales, el teorema de Othacehé entrega datos que pulsan sobre los cascos seccionales madres del conurbano: más allá de su supervivencia personal, lo que Othacehé refleja es que como mínimo la distribución del voto FPV-FR en la 1º Sección no va a modificarse para 2015, y que el voto no está tan clasistamente territorializado como para alterar cualitativamente una tendencia electoral.

Por eso el teatro de operaciones de Massa sigue siendo la PBA, y en especial el 1º cordón de la 3º Sección (donde el despliegue de la campaña de firmas es más extendida que en otros territorios). Hay que aclarar algo: hoy, y fuera de la instancia electoral, los únicos partidos movilizados son el FR (Massa considera que el FR tiene que avanzar en la movilización y disputar el control de la calle con el kirchnerismo si esto fuese necesario y por eso prepara un armado con gremios, MMSS y organizaciones que funcione como línea interna); y el FPV en aquellos casos donde los intendentes salieron a “militar” el DNI y el Pasaporte a la calle para tener alguna presencia en el tramo societal de la doctrina Meler, pero son pocos municipios los que tomaron esta decisión.


Es lógico que el efepeveísmo desempolve la épica del 40 + 1, pero en la práctica habrá que ver que pasa con el minuto a minuto en la PBA, porque ese va a ser el deadline de cara a lo que marquen las encuestas de abril-mayo 2015, y que van a definir cómo se organiza el combo electorabilidad + territorialidad de cara a las PASO.

martes, 11 de marzo de 2014

El adn histórico


Pese a ser figura central de la política nacional desde 1943, cuando Perón afrontó la campaña electoral de 1946 lo hizo publicitándose como aquel que estaba fuera y en contra de la clase política (la llamada partidocracia) para generar su representación; en 1988-89, Menem utilizó una táctica similar tanto para enfrentar la interna con Cafiero (donde el riojano iba “contra” el partido en manos de la renovación y su alianza de gobernabilidad con el alfonsinismo declinante) como la general contra la UCR: Menem, que ya tenía más de quince años de presencia en la política nacional, representó electoralmente aquello que venía desde afuera del sistema partidario para cuestionarlo y generar las expectativas de purificarlo. Este mecanismo de saturación del vínculo carismático, alargando la relación hacia la sociedad y acortándola contra el statu quo que expresa la clase política en un tiempo determinado, es un recurso de la representación peronista que está en su adn histórico.

Nadie nunca pensó estas conductas (a)-políticas como reflejo de la antipolítica,  de la ruptura de diálogos y consensos o de un oportunismo inescrupuloso que “defrauda” la honestidad intelectual de la clase política. En mucha menor escala a los ejemplos dados y tan sólo en un tema puntual (la reforma del código penal), Massa utiliza ese recurso que la política sirve a disposición de sus actores desde tiempos inmemoriales.

La falta de músculo kirchnerista y opositor para analizar la cuestión se refleja en una frase: Massa irrumpe malamente y rompe consensos preestablecidos. Esta definición coincidente diagnostica, al pasar, dos cosas: el problema de liderazgo político del fpv (falta de franeleo y runfleo abajo) y el problema electoral de las oposiciones no peronistas. Es lógico entonces el coro de lamentos contra Massa, porque nada le conviene más a un liderazgo débil que una oposición con problemas electorales. Por eso Cristina prefiere la “cooperación” de Macri y la superestructura de la UCR para armar un “consenso de salida” favorable para ella, pero que contradice la necesidad de los que quieren gobernar la nación en 2015 de construir una instancia de representación política que otorgue un cierto plafond inercial que permita acomodar la gestión en el primer tramo de gobierno.

En la discusión del código penal fluye esta diversidad de consensos contradictorios entre sí: el de un sector de la clase política y la academia que se refleja en la comisión que redactó el anteproyecto (de vínculo carismático contractivo o nulo) y el de otro sector de la clase política que compatibiliza con una base de de valores que arraigan en una parte significativa de la sociedad (de vínculo carismático alargado o expansivo).

Aquí surge una pregunta lógica: ¿qué consenso se quiebra? ¿qué consenso se sostiene? El kirchnerismo y la oposición con problemas electorales le piden a Massa algo inviable: que sacrifique un consenso social a favor de otro acotadamente político y defectuoso. Porque lo que subyace por el costado de esta reforma del código penal es la exclusión política de una realidad social concreta: el aumento del delito violento dentro del universo de delitos, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la nación

Es por esta razón que Cristina dejó de publicar estadísticas oficiales del delito hace varios años y Scioli las dejó de publicar desde el año pasado. Es evidente que parte de esta realidad, tangible para muchos argentinos, no está reflejada en muchas decisiones teóricas que contiene el nuevo código penal como la eliminación de la reincidencia, la disminución de la escala penal y algunos agravantes en ciertos delitos irritantes (violación, robo violento) y la inaplicabilidad práctica del régimen de penas alternativas a la de prisión. Todo esto implica una cierta lectura política de la realidad por parte de quienes redactaron el nuevo código, y eso señala Massa, descorriendo un poco el velo académico del asunto.

Insistimos con una cosa: Massa no explota abstractamente un sentido común punitivo, sino que se asienta en fallas concretas del nuevo código cuyos efectos se van a ver en la práctica, y desde ahí suelda su relación con un consenso social afín. Solo quienes tengan una mirada testimonialista de la política pueden ver en el gesto de Massa una ruptura de diálogos y consensos. Pero hoy el kirchnerismo está viviendo una situación retórica testimonial que coincide con un problema más amplio y más político de representación que es inherente a una resolución ortodoxa de la coyuntura económica que “alarga la vida” pero que no tiene oportunidades de generar plusvalía política a futuro, y que en el gobierno creen que debe “cubrirse” con más “dialecto kirchnerista” y no con menos. Por eso le abrieron el grifo a Urribarri.


Esa nueva veta testimonial explica por qué en su momento NK recibió a Blumberg antes que cuestionarlo y por qué ahora Cristina no recibió e ignoró a los familiares de las victimas de Once. Los posicionamientos en torno al nuevo código penal confirman esa ruptura de NK a CFK, y explica por que de los dos consensos (el de los partidos y el de la sociedad), prefieren optar por uno y desguarnecer el otro. Son decisiones políticas. Massa, enmarcado en un proyecto político propio, ha decidido tomar las suyas. Política, como hace doscientos años.

martes, 4 de marzo de 2014

Una lectura política de la reforma del código penal


En la Argentina, una reforma integral de la codificación penal está condicionada por dos problemas previos que la pueden tornar inconducente o agravar el funcionamiento del sistema penal: la situación real del sistema penitenciario y el estado operativo de la justicia procesal-penal. 

El anteproyecto que armó Zaffaroni con la oposición para Cristina está atravesado por ese contexto, en el cual se adoptan ciertos principios filosóficos para estructurar “la parte general” del presunto código (determinación y cuantificación de la pena, concurso de delitos, atenuantes de la pena, penas sustitutivas a la prisión, eliminación de la reincidencia) que son minoritarios dentro la teoría penal y que son al menos incompatibles con la practica forense y el sistema penal argentino vigente (es decir, la legislación y las instituciones), y por lo tanto, “abren puertas” para que el sistema (los jueces, y las áreas de ejecución penal) morigere penas de prisión atadas a libertad condicional (que ya no controla en la práctica) para agravar la situación con penas alternativas a la privación de la libertad de más difícil control por el Estado: no hay infraestructura administrativa para el código que quiere Zaffaroni, y las condiciones de impunidad e indefensión de la sociedad probablemente se agravarían.

Por lo tanto, Massa parte desde una zona tangible del problema que el anteproyecto evidencia, y que evidentemente se cuece en una faz práctica que el tigrense adopta en el cruce de inseguridad y justicia. Massa se “aisló” de la oposición para juntarla con el oficialismo y desde ahí diferenciarse en un tema que es muy sensible para una mayoría de la sociedad que sufre la inseguridad, pero que más allá de “la demagogia y el oportunismo” halla una raíz concreta de peligro en las fallas del anteproyecto.

El kirchnerismo tiró a Zaffaroni y su academicismo (muy valorado en los congresos penales latinoamericanos donde se florea con su muy simpática teoría personal de la pena), se adentró en una discusión estéril sobre la inviabilidad de la materia penal en los arts 39 y 40 CN, pero la discusión es más política, y si Massa mete 5 palos de firmas para instalar el tema no ya en los medios sino en una parte importante de la población, es porque tiene 24 intendentes en la PBA y otros tantos en el resto del país que con “medios” para salir a “militarla” (mesitas, volanteadas) y frente a lo cual los intendentes del fpv y Scioli pagarían un costo político si quisieran salir a oponerse. Es la política, estúpido, parecería decir Massa cuando lo mandan a “estudiar”.

Pero donde el anteproyecto tiene fallas graves es en la legislación sobre delitos de narcotráfico, donde la reducción en la escala de penas es muy significativa sin que haya razones que lo expliquen: pasa de 4 - 15 años en el CP vigente, a 3 a 10 años que fija el anteproyecto, poniendo a tiro de la excarcelación a todos los tipos delictuales hasta ahora exentos (producción y comercialización de estupefacientes, financiamiento y organización de la asociación para fines de narcotráfico), mostrando en ese tramo además una técnica legislativa bastante defectuosa contra la que tiene la ley 23737 vigente. Esto ayuda a considerar socialmente que el gobierno minimiza la situación narco en el país, en tanto la reforma se apruebe en estos términos, cuando se trata de un proyecto propuesto por el oficialismo.