miércoles, 24 de junio de 2015

La balada de la restricción externa




He said: I´m a minister, a big shot in the state.
Bjorn Kristian Ulvaeus



No existen los “modelos”, pero que los hay…: hasta el 2009, el manejo “político” del tipo de cambio estuvo contenido dentro de los limites genuinos que fijó la onda expansiva del tipo de cambio alto y competitivo de 2002-03, y los atrasos deliberados se compensaban automáticamente por los márgenes de competitividad productiva que la economía todavía tenía “naturalmente”, es decir, sin intervenciones cualitativas del Estado para ampliar producción ya sea por vía de inversión o creación de capacidad instalada adicional (teniendo en cuenta que vía consumo solo se llega a llenar capacidad instalada total a un 80%, por lo tanto para completar ese 20% “ocioso” hay que sofisticar la macro estatal para construir más mercado).

En 2010 se afianza la decisión política de usar a fondo el tipo de cambio como ancla inflacionaria, negociar paritarias al alza por encima de una inflación que ya era alta y generar un aumento del salario real para lograr que el impulso del consumo tenga efectos más potentes sobre el poder de compra que los que hubiera tenido si se hacían aumentos de acuerdo a los límites genuinos que la economía concedía en ese momento.

Con una inflación “buena” del 25%, tipo de cambio clavado y salario real 10% arriba en dólares se ingresa en un proceso de bienestar de consumo que ya es artificial (es decir, real pero artificial) porque el manejo político del tipo de cambio salta por fuera de los limites macroeconómicos genuinos que había estructurado el modelo inicial: como ya no hay márgenes naturales para la corrección competitiva-productiva automática del atraso gestado, el shock de consumo produce efectos reales durante un año y medio (el 54% de Cristina) y se genera la restricción externa (cepo) que produce inmediatamente la caída de ese salario real “mejorado”, enviando al asalariado las primeras señales claras de inestabilización económica.

Al cepo siguieron la brecha cambiaria con el paralelo y la caída de reservas en un círculo vicioso hacia la devaluación sin exportaciones (es decir, no competitiva) del verano de 2014, que no resolvió la restricción externa autogenerada.

En este tiempo, el gobierno no tuvo políticas para afrontar el problema de la restricción externa. La cuestión no es menor, ya que se indispone con la agenda desarrollista que los presidenciables dicen impulsar, y porque afecta progresivamente el empleo y el poder adquisitivo.

Es evidente que así como se repliega sobre la candidatura única como gesto de defensivismo electoral, el gobierno se apalanca sobre el 65% de consumo del que hoy está dotado el PBI contra inversión y exportaciones, entendiendo que hay un costo político insalvable en la reformulación productiva de esos porcentajes de la torta del crecimiento, aun cuando la ecuación consumista revele una cuenta regresiva contra el empleo … y el consumo.

Las elecciones provinciales empiezan a traducir políticamente el problema de la restricción externa. La derrota del Fpv en Mendoza es menos importante en la categoría gobernador que intendentes: el PJ perdió en dos bastiones históricos como Las Heras y Guaymallén ante candidatos radicales que no pertenecen al aparato radical (Orozco e Iglesias, dos cobistas que no responden al cornejismo) y los gansos arrasaron a López Puelles en Luján de Cuyo, lo cual representa un golpe durísimo para la liga de intendentes de Carlos Ciurca.

En ese sentido, no fue casual el especial agradecimiento de Cornejo a su compañera de fórmula Laura Montero a la hora de mencionar las claves de la victoria: el discurso de Montero martilló sobre los problemas de la caída de la economía provincial y sus efectos sociales sobre el empleo y el consumo (más que sobre las ganancias dejadas de percibir por los productores) y sintonizó con la realidad de los mendocinos asalariados directamente impactados por el efecto de la producción regional sobre la cadena de servicios, transportes y comercios que viven de ella (el Gran Mendoza).

La elección de Río Negro también expresó que la restricción externa ya no deja margen de compensación productiva  “autónomo” para las provincias. La ruptura con el kirchnerismo le permitió a Weretilneck construir un adversario al cual le asignó la responsabilidad por la falta de políticas que preserven la producción regional y junto con ella, la actividad económica aledaña (incluso las changas y otros laburos en negro derivados) que no depende de los anabólicos de la administración pública.

Este esquema de impacto de la restricción externa en las economías regionales no es novedoso en la historia electoral del país. Mendoza y Río Negro son economías poco alcanzadas por los regímenes de producción industrial, y el Estado nacional no implementa para estas provincias correcciones macro que le permitan asimilar productivamente los atrasos “nacionales” con los que se “cuida” el 65% de  consumo del PBI; por lo tanto, son las que primero expresan políticamente esta falla en la macroeconomía del gobierno nacional. Luego siguen las provincias del NOA en orden ascendente (San Juan, La Rioja), de acuerdo a la idiosincrasia productiva y la incidencia económica de la administración pública.

Hay que considerar que, más allá de sus arrestos pragmáticos para tomar deuda china e intra-publica y pisar impos para frizar el tipo de cambio, el kicillofismo piensa que el atraso cambiario es un presupuesto distributivo (ay) y que la restricción externa es inexorable y hasta necesaria para “disciplinar” al lobby industrialista (aaayyy), lo cual explica gran parte de las medidas económicas equivocadas de Cristina en los últimos años.

En ese sentido, aparece como lógico que Cristina repita para estos meses electorales el combo atraso-convergencia de salarios e inflación, aunque ya de más modestos alcances adquisitivos y sustentado solo en el consumo público ante la caída constante del privado, lo que significa una definitiva postergación del problema de la restricción externa para el próximo presidente.

Ninguno de los presidenciables se ha referido al tema de la restricción externa, aun cuando luego de asumir no tengan más de seis meses para resolver el tema.

Macri considera que va a tener capital político para hacer cirugía mayor sobre la demanda por la vía monetaria, cuando en realidad el eje del problema no es ese, ni el instrumental el correcto; Scioli le pone fichas al endeudamiento táctico para ir “llevando” la restricción externa, sin que aparezcan dólares genuinos por la persistencia del atraso; Massa, vía Lavagna, parece el más interesado en generar una inyección de exportaciones que “dolarice” el comercio externo y trabaje más directamente sobre la restricción, lo cual requiere una macro muy aceitada (BCRA-Mecon) y un “sacrificio” impositivo del Estado en favor de la masa salarial intermedia (clase media-baja, pymes, cuentapropismo) que hoy no recibe “nada” del gobierno.

Ni la inversión ni el endeudamiento, por si mismos, arrglan este tema externo que daña al mercado interno, y la cuenta regresiva tiene fecha cierta para el próximo presidente: se trata de una decisión política que pondrá a prueba el liderazgo y el esquema de gobernabilidad diseñado por quien asuma en diciembre.



lunes, 8 de junio de 2015

La sombra del caudillo





Las elecciones de medio término en los Estados Unidos Mexicanos arrojaron resultados que permiten leer como acertada la decisión política de Peña Nieto de acelerar la batería de reformas pautadas por el Pacto por México (PPM) durante el 2013, aprovechando el envión de los votos al flamante presidente para tomar medidas de cierto largoplacismo.

Esa aceleración de entrada (las reformas energética, electoral, impositiva, medios y telefonía móvil, educativa) le permitió al gobierno federal llegar con envión al medio término, que lucía conflictivo por una macro casi estancada y la violencia originada en la disputa narco que termina por amortizar el capital político de todo oficialismo.

Peña Nieto usufructuó el PPM en dos niveles: uno centralmente institucional (la gestión ejecutiva de las reformas como motor del gobierno) y otro más político por el cual el pacto disciplinó la enjundia de los partidos opositores y les quitó armas para diferenciarse.

Esa utilidad política del PPM que pensó Peña Nieto para compensar los recursos hegemónicos que había perdido el PRI luego de su salida del poder federal y posterior modernización partidaria en el llano, no pueden minimizarse entonces a la hora de analizar la elección de ayer. 

Si bien se preveía una performance a la baja de las tres fuerzas políticas principales, el PRI hizo una elección bastante dominante tanto en el tramo de diputaciones federales con mayoría simple como de representación proporcional: 29% de PRI neto + 7% de PVEM para llegar a 36% dentro de la coalición priista, más 4% del sello Nueva Alianza-PANAL que el PRI pone por cuerda como pata sindical para sumar boletas en el cuarto oscuro.

40% para “plebiscitar” a Peña Nieto es un número que está por encima de las expectativas y oficia como sólida plataforma de arranque para este segundo tramo del mandato que ya empieza a registrar los efectos “sociales” de las reformas del 2013: la reducción de tarifas en los servicios públicos.

El PAN quedó con el 20%, y sin una figura electoral nacional potente, apostó a las elecciones estaduales y municipales, aprovechando la incidencia que ganó en el voto rural a expensas del PRI durante sus 14 años de gestión federal.

La fractura de la izquierda mexicana quedó evidenciada en las urnas: el PRD se desplomó al 11% y la nueva franquicia de Andrés Manuel López Obrador (Morena) recogió 8.5 % y dominó la elección municipal en el DF. La naturaleza eminentemente capitalina y universitaria de la izquierda mexicana explica la puja de PRD –Morena en la eleccion a delegados en el DF y le da chances a López Obrador para la intendencia en 2018, mientras en el PRD ya empezaron a pedir la alianza con Morena para parar la fuga de votos.

Quienes desconocen la idiosincrasia y la dinámica de la política mexicana, pronosticaban una caída letal de Peña Nieto por el caso de los estudiantes asesinados en Ayotzinapa, sin reparar en la dimensión “histórica” de la violencia narco para un país como México, y del exacto mapa de esa violencia dentro del territorio mexicano.

En ese sentido, la elección sirvió para graficar cual fue la apreciación social realmente existente al matizar las responsabilidades políticas: la vinculación directa del PRD a las narcobandas que asesinaron a los estudiantes explican el triunfo del PRI tanto en el municipio de Iguala como en la gobernación de Guerrero.

En el nivel estadual no hubo cambios sorpresivos en la distribución de poder: el PRI perdió tres gobernaciones, recuperó dos y retuvo tres, el PAN perdió una, ganó una y retuvo una y el PRD recuperó una y perdió una.

La victoria categórica del extrapartidario “El Bronco” Jaime Rodríguez en Nuevo León (la San Pablo mexicana) debe leerse menos como el “fin de los partidos tradicionales” por razones sociológicas o vilmente tonynegristas que con las propias decisiones aperturistas del gobierno de Peña Nieto al aprobar la reforma electoral que permite la postulación de candidatos extrapartidarios.

Las conclusiones de esta elección revelan una constante, lenta pero segura, en el sistema político mexicano: 1) un partido nacional que se moderniza y sacrifica en esa transfiguración su capacidad hegemónica; 2) la apertura democrática a opciones políticas no subordinadas a la rigidez del partidismo histórico, promovida por el PPM aun en contra de los intereses de los partidos tradicionales que motorizaron el pacto; 3) la celebración de comicios cualitativamente transparentes frente al esquema larvado pre 2000, provocado por la deformación hegemónica del partido de gobierno, una vez fallido en la representación.